De nuevo el

En estos días se ha vuelto a hablar del “barrilito” de los senadores, ese dinero extra de que disponen nuestros honorables representantes en la Cámara Alta concebido para obras sociales pero puesto permanentemente bajo sospecha porque permite un sin número de artimañas que van desde el nepotismo hasta el enriquecimiento personal.

En estos días el tema vuelve a ser de actualidad al pedir la Junta Central Electoral que se suspenda por el tiempo que dure la campaña para que los aspirantes no tercien en el torneo de las elecciones en condiciones desiguales. Al aspirar a la reelección varios de los actuales senadores el dinero de ese barrilito, tememos todos, se convertirá en cuartos para la campaña y se descuidarán los programas sociales que están comprometidos.

En su día el columnista de este periódico, Juan Bolívar Díaz escribió un artículo muy clarificador sobre este tema. Decía que el barrilito se estaba convirtiendo en un “abuso de los recursos del Estado por parte de quienes están llamados a regularlos y supervisarlos”.

Los senadores se han sentido molestos con esta propuesta de Juluio César Castños Guznán y no aguantan bien que los periodistas les cuestionen sobre el asunto. El pasado viernes el propio presidente de la Cámara, que se postula nuevamente como senador por el Distrito Nacional, llamó irrespetuoso a un periodista de El Caribe que insistió en pedir su opinión sobre las declaraciones del máximo representante del organismo electoral dominicano.

Según señala Díaz en su artículo al que me he referido un senador recibe 150 mil pesos de sueldo base. A ello se añaden otros 50 mil para gastos de representación, más 25 de viáticos y otra cantidad igual por concepto de hospedaje. Por cada sesión a la que asisten perciben 3 mil 500 y 2 mil 400 por cada reunión de las distintas comisiones de las que forman parte. Es decir, los ingresos netos por ser senador son de unos 300 mil.

Y hay que tener en cuenta que por parte del Estado corren también el salario de los empleados del senador en sus dos oficinas, una en la sede central y otra en la provincia. En una de estas oficinas los empleados, según cuenta Juan Bolívar Díaz, son “13, que incluyen un “asesor de imagen”, dos asistentes, dos secretarias, cuatro encargados de seguridad (aparte de varios militares que los cuidan), dos choferes y apenas un asesor de proyectos. Antes del último incremento salarial del 15 por ciento, el costo de estos era de 289 mil al mes. El salario máximo era de 45 mil pesos. En la provincial tenían otros 142 mil 500, para pagar 11 empleados más, con un salario máximo de 25 mil. Aunque la suma da 431,500, tenían un tope de 470 mil pesos”. Con fondos públicos se pagan también los servicios, el alquiler y para combustible disponen de una asignación de 190 mil mensuales.

Lo del barrilito, al que técnicamente llaman “Fondo Mensual para la Gestión Provincial, Asistencia Social e Institucional de la Oficina Senatorial”, es aparte. Según la población de la provincia a la que representa, el dinero de que dispone cada senador para proyectos y obras sociales oscila entre 400 y 900 mil. Ese cálculo se estimó en base a un peso por ciudadano.

En su día la periodista Alicia Ortega denunció que los dineros de este Fondo se estaban usando indebidamente, sobre todo en las oficinas provinciales al rebasarse los topes salariales de algunos empleados, muchos de ellos familiares del senador. Fue clamoroso el caso de Valverde Mao donde una empleada doméstica estaba en nómina con 20 mil pesos y tan solo cobraba 5 y ni sabía que era empleada del Senado.

Honestamente creo que la petición de la Junta Central Electoral de que se suspenda hasta mayo el barrilito es sensata pues ayudaría a que cada uno de los actuales senadores que aspiran a reelegirse no caigan en la tentación de usar esas colosales cantidades de dinero en la campaña electoral. Alguien dirá que cada candidato saca de donde puede el dinero de su campaña, pero es que en el caso que nos ocupa, un centavo desviado a la campaña es un centavo arrebatado al ciudadano.